Por P.R. Ortuño.

La jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela es independentista, y ya está haciendo campaña para que los catalanes voten mayoritariamente por la independencia en las próximas elecciones el día 21 de diciembre –eso si no se ilegalizan los partidos independentistas antes claro–.

Esta es la única lectura con algo de lógica que se puede extraer para que haya decretado prisión incondicional por el destituido vicepresidente de Cataluña Oriol Junqueras y siete exconsellers: Meritxell Borràs, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Dolors Bassa i Coll, Joaquim Forn y Carles Mundó. Por su parte, Santi Vila, que dimitió el día antes de que el Parlament votara a favor de iniciar la ley de desconexión, deberá pagar una fianza de 50.000 euros para eludir –momentáneamente, al menos– la cárcel.

Pero la campaña independentista de la jueza Lamela ya empezó hace un par de semanas, el 17 de octubre pasado, cuando, también atendiendo a la petición de la fiscalía, mandó también a prisión sin fianza a Jordi Cuixart y Jordi Sànchez, líderes de Òmnium Cultural y de la Assamblea Nacional de Catalunya (ANC) a pesar de que el riesgo de fuga fuera improbable. “A pesar de que la Fiscalía pide prisión incondicional, mi convencimiento es que, si la Justicia actúa, hoy dormiré con mi gente” escribió Sànchez en Twitter ese mismo día. Con eso daba a entender que, a no ser que con “mi gente” se refiriera a sus futuros compañeros de celda, no esperaba entrar en prisión ese mismo día.

Junqueras y los demás exconsellers, acusados por sedición, rebelión y malversación de fondos, seguramente lo tenían un poco más claro hoy. Llámenme ingenuo pero, sinceramente, no me lo esperaba. Explico el porqué. En el último post escribía que me pareció una jugada inteligente por parte del Gobierno de Rajoy convocar elecciones justo después de aplicar el artículo 155. Entendí que lo habían hecho por dos motivos: El primero, por no tenerse que ver en la faena de intentar controlar una comunidad cómo Catalunya en la cual no tienen prácticamente músculo administrativo y con una gran parte de población y asociaciones, en contra. La segunda, que el Gobierno habría recibido recomendaciones desde algún actor europeo para que no dilatara más su presencia allí más de lo necesario, demostrando así a los catalanes que no había venido allí para quedarse, calmando los ánimos y rebajando tensiones.

Al Partido Popular, al frente anti-independentista (PSOE y C’s) y al Estado en general, creía yo, había entendido que les beneficiaba unas aguas más calmadas para cuando se celebraran las elecciones. Aplicar un 155 con vaselina: Rápido e indoloro, que no repercutiera negativamente aún más en la imagen de Estado represor que muchos catalanes afirman. No para ganar los corazones de los independentistas, éstos ya los da por perdidos, sino para no terminar de desequilibrar la balanza hacia el lado independentista cargándoles de argumentos. Esta estrategia de apaciguamiento, que consideraba la correcta desde su punto de vista, no parece que se esté aplicando, visto lo sucedido el día de hoy. Quizá sobreestimé su capacidad estratega. O quizá subestimé la arrogancia del poder.

Alguien estará pensando que me estoy olvidando de la separación de poderes. Pues bien, tal y como se está comportando el Poder Judicial últimamente, parece que esté ‘casado’ con el Poder Ejecutivo. Más que casados, se podría decir que el Poder Judicial se ha convertido en el brazo ejecutor del PP.  No solo por solo por su uso del Tribunal Constitucional –y sus suspensiones ‘exprés’ que curiosamente cuadran con los ‘tempos’ del Gobierno– para escudarse a ofrecer soluciones políticas. La judicialización del caso es evidente.

A pocas semanas de la celebración del referéndum del 1 de octubre –en esos momentos suspendido por el TC– el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ya ordenaba a Guardia Civil, Mossos d’Esquadra y Policía Nacional que intervinieran ante cualquier actuación referente a la realización o promoción de dicho referéndum. Por su parte la Fiscalía de Catalunya presentaba querellas para que se suspendiera la página encargada de la organización de dicha consulta, e instaba al Govern a que avisara a los medios de comunicación no incluir en su programación propaganda del mismo.

Más: Como informaba eldiario.es el pasado mes de mayo, gracias al control que tiene sobre el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Partido Popular colocaba en puestos importantes de la Audiencia Nacional –la misma que está juzgando ahora a los ‘sedicionistas’ y ‘rebeldes’– a dos magistrados apartados de los tribunales que están juzgando a casos de corrupción del PP por su proximidad con la cúpula del partido.

El trato diferencial es manifesto. Mientras los “secesionistas” están siendo enviados a prisión cautelar sin fianza a la primera ocasión, el cuñado del Rey, Iñaki Urdangarín, se pasea tranquilamente por Suiza sin haber tenido ni siquiera que abonar fianza, esperando la decisión del Tribunal Supremo sobre su recurso. También eludieron la cárcel sin ninguna medida cautelar el que fue mano derecha de José María Aznar, Rodrigo Rato, y Miguel Blesa, expresidentes de Caja Madrid y Bankia, a pesar de estar condenados por el caso de las ‘tarjetas black’. Ninguno ha pasado, ni pasó –Blesa se suicidó en julio– ni un solo día en prisión.

Por si fuera poco, a medida que avanza el caso, cada vez es más difícil negar que sí, que los papeles de Bárcenas hacían referencia a una ‘caja B’ del Partido Popular. Una caja que permanecía oculta para hacienda pero que con donaciones ilegales servían para pagar sobresueldos y campañas electorales del PP. En esta lista, aparecen celebridades como Javier Arenas, Ángel Acebes, el ya nombrado Rodrigo Rato y el actual jefe del Gobierno Mariano Rajoy. Todos, cuando declararon en el juicio, lo negaron todo. Entiendo que existe la presunción de inocencia y todavía no han sido condenados –como tampoco Junqueras, los exconsellers ni ‘los Jordis’– pero aún no he visto movilizaciones abarrotadas con banderas rojigualdas pidiendo su encarcelamiento por robar a todos los españoles.

Los ejemplos de políticos implicados en casos de corrupción del Partido Popular –y sí, también de PSOE y CIU– son inacabables y ocuparían páginas y páginas de este post. Poquísimos de ellos han visto la cárcel. Podéis echar un vistazo en la Wikipedia vosotros mismos. Nadie niega que los miembros del ‘Govern’ puedan ser acusados por saltarse la legislación española, lo que es inaudito es la celeridad con que son enviados a prisión preventiva y sin fianza, comparándolo con todos los ejemplos de arriba. Por no decir los cargos de que se les acusa: Rebelión, por ejemplo, requeriría el alzamiento violento y el uso de la fuerza, que no parece el caso. Es evidente que las varas de medir de unos casos y otros, son diametralmente opuestas. En una democracia se supone que la justícia debe ser igual para todos. Y evidentemente, en España no es así.

En fin, que a no ser que todo sea un plan maquiavélico organizado secretamente entre el PP, la jueza Lamela, y los partidos independentistas para lograr la independencia de Cataluña sin que parezca que desde el Gobierno lo consienten, no lo entiendo. Obviamente estoy bromeando, pero este innegable doble rasero judicial entre unos y otros daña la imagen de la democracia española. Los encarcelamientos ‘exprés’ hacen que parezca mucho más una venganza o escarmiento –que algo de esto habrá– que un juicio justo. Además, ayudan a movilizar otra vez –y quizá a más gente– al independentismo.

Se ha hablado últimamente sobre si Jordi Cuixart i Jordi Sànchez eran presos políticos o no. Junqueras y los exconsellers avivarán el debate a partir de ahora, mientras los que se refugian en Bruselas esperan su turno…

Hablando de Bruselas, mientras escribo, escucho que Puigdemont ya ha hecho declaraciones denunciando la represión política española. Era obvio. Los sucesos de hoy le dan fuerza de cara a Europa y a los suyos a su relato de un Estado represor.

Quizá era esta la estrategia. Quizá era este precisamente el papel que los miembros del Govern cesados habían planeado para Puigemont y los exconsellers que huyeron a Bruselas. Esperar lo máximo posible sus detenciones para así poder denunciar desde allí los más que probables encarcelamientos de sus compañeros. Dudo que crean que podrán eludir la prisión, lo que hace pensar que su táctica pueda ser la de dilatar ese momento lo máximo posible, entre apelación y apelación, para ser detenidos cuando ellos quieran. Y cuanto más cerca de las elecciones, mejor.

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